Amnistía Internacional cumple un importante rol a nivel internacional, denunciando las violaciones a los DDHH en los distintos países. En Argentina, sin embargo, ha cometido varios traspiés, como apoyar el memorándum con Irán o prenderse a la operación de Santiago Maldonado.
La sede argentina de AI publicó un informe ayer llamado "El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina". En el mismo expone como ciertos periodistas y activistas sociales reciben mensajes en su contra en Twitter y concluye que se trata de ataques contra la libertad de expresión por parte de "cibertropas".
Dejando de lado que es difícil hablar de falta de libertad de expresión cuando los "atacados" que menciona el informe (Alconada, O'Donnell, Zunino, Tenembaum, Sietecase, etc.) tienen miles de seguidores y participan en medios de comunicación masivos. Dejando de lado que se acusa de trolling a usuarios que nada tienen de troll (como @Mr_Bugman o @juancampanella). Quisiera decir dos cosas.
La primera es que me resulta un tema poco trascendente como para dedicarle un informe de Amnistía Internacional. Habiendo tantas cosas tan importantes, incluso en este país, dedicar tiempo a investigar esto ¿es algo que vale realmente la pena? Cada tanto los fanáticos de estrellas pop o de youtubers hacen que sus artistas favoritos sean TT, ¿tiene algo de raro que los seguidores de determinados políticos también lo hagan?
Y la segunda, relacionado con lo anterior, ¿el Gobierno tiene una "cibertropa"? Si, seguramente la tenga. Pero no es el único actor político. El kirchnerismo también la tiene, ¿o alguien cree que es casualidad que programas de televisión kirchneristas que no tienen casi rating sean TT cada fin de semana? Y el massismo también tiene, hubo audios de Massa bastante reveladores. Por lo tanto, es una práctica política común. Si es buena o es mala es materia de otro debate, pero Amnistía Internacional se equivoca cuando concentra todo el ciberataque en el Gobierno.
De todas formas, lo más preocupante para mí del informe son sus recomendaciones.
Lamentables palabras. Por más buena intención que se quiera tener esta clase de iniciativas le dan al Estado el poder de regular el contenido que se produce y distribuye en redes sociales. Esto sería un ataque contra la libertad de expresión mayor que cualquier ataque de "cibertropas". Si las conductas abusivas o el contenido inapropiado ya es sancionado por la propia plataforma virtual ¿qué necesidad hay de incluir al Estado en eso?
En los últimos años hubo iniciativas que buscaban que el Gobierno controle lo que se publica en redes (ley Larroque, ley de grooming, ley Carlotto), todas denunciadas como peligrosas por organismos de DDHH u organizaciones a favor de la libertad de expresión digital. Es inexplicable que entonces una de ellas (y una de las más importantes) proponga cosas semejantes.
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